La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), en colaboración con el Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el apoyo de Usaid, se encuentra trabajando en el desarrollo de un anteproyecto de ley orientado a la protección de los denunciantes en la República Dominicana. Este esfuerzo busca establecer un marco jurídico que ampare a quienes presenten denuncias, asegurándoles resguardo ante posibles represalias legales o administrativas y promoviendo la integridad en el sector público.

La directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, enfatizó la importancia de proteger a los ciudadanos que colaboran en la defensa de la transparencia y los bienes públicos. Según Ortiz Bosch, la protección a los informantes es crucial para fomentar la cooperación ciudadana y garantizar que sus contribuciones en la lucha contra la corrupción no resulten en consecuencias adversas. «Cuando un ciudadano coopera de esta forma, debe ser protegido por el Estado», afirmó la funcionaria.

Como parte de este proyecto, se han llevado a cabo talleres de consulta con representantes de sectores clave, entre ellos el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana y FINJUS. En dichos talleres, expertos internacionales han compartido recomendaciones y mejores prácticas en la protección de denunciantes, abordando también los retos legales y administrativos que podrían surgir en la implementación de esta normativa en el país. El proceso continuará con sesiones de consulta para asegurar una legislación sólida, equitativa y eficaz en la protección de los denunciantes.