El gobierno dominicano ha establecido una resolución para garantizar el cumplimiento de las cuotas arancelarias que rigen la importación de productos agropecuarios sensibles como arroz, pollo, azúcar y otros. Esta medida, vigente desde 2022, fue establecida bajo el decreto 553-22, emitido por el presidente Luis Abinader, que regula la política de importación de ocho rubros clave: ajo, arroz, azúcar, carne de pollo, cebolla, frijoles, leche en polvo y maíz.

El objetivo principal de esta resolución es proteger la producción nacional, asegurando que la importación de estos productos se mantenga dentro de límites específicos que no afecten el mercado local. Por ejemplo, el arroz tiene una cuota de 17,810 toneladas métricas con un arancel de 20%, mientras que fuera de esa cuota, el arancel sube al 99%. En el caso de la carne de pollo, se establece un contingente de 11,500 toneladas métricas, también con un arancel de 20%, y un 99% fuera de cuota. La leche en polvo tiene una cuota de 32,000 toneladas, con un arancel de 20%, mientras que fuera de la cuota este porcentaje aumenta hasta un 56%, dependiendo del origen de la importación.

En cuanto al maíz, el contingente total es de 1,091,000 toneladas métricas, y después de esta cantidad, el arancel se eleva al 40%. En el caso del azúcar, se establece un contingente de 30,000 toneladas métricas con un arancel de 20%, y un 85% fuera de la cuota. Por su parte, los productos como el ajo, cebolla, frijoles y maíz tienen porcentajes de arancel que varían dentro y fuera de la cuota.

Además, este miércoles el Gobierno dominicano anunció que ajustará el arancel para los productos importados desde Estados Unidos, fijando un 20% dentro de la cuota y un 99% fuera de la misma. Para las importaciones provenientes de Nicaragua, el arancel fuera de la cuota será del 99%.

Expertos en comercio internacional afirman que los acuerdos de libre comercio, que son supranacionales, permiten a los países miembros usar mecanismos de defensa en momentos de inseguridad, especialmente en situaciones que puedan afectar la seguridad alimentaria y nacional, sobre todo cuando los acuerdos involucran subsidios y ayudas alimentarias que favorecen a ciertos países.