A pesar de los esfuerzos y los intentos por aprobar un nuevo Código Penal, el Congreso Nacional de la República Dominicana no ha logrado llegar a un consenso sobre la pieza legislativa, principalmente debido a las diferencias en torno a temas sensibles como las tres causales para la legalización del aborto y las sanciones contra la discriminación por orientación sexual. Estos desacuerdos han impedido la aprobación del Código Penal que se había discutido en los últimos años, dejando en el limbo la actualización de las leyes penales del país.

Ante este panorama, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha optado por introducir nuevos proyectos de ley que abordan delitos similares a los contemplados en la fallida propuesta de Código Penal. Estos proyectos incluyen sanciones para la corrupción, las organizaciones criminales, el sicariato y las estafas masivas, delitos que, aunque ya estaban previstos en la propuesta de Código Penal, ahora son presentados de manera separada en nuevas iniciativas legislativas.

Uno de los proyectos más destacados es el Proyecto de Ley sobre la Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que fue sometido al Senado el martes. Esta pieza establece sanciones para los grupos criminales, con un enfoque en la lucha contra el crimen organizado. En comparación con el Código Penal previamente propuesto, esta nueva ley presenta algunas diferencias notables en cuanto a las penas. Por ejemplo, en el caso de la corrupción, la nueva ley impone una pena de hasta 30 años de prisión, mientras que el Código Penal original preveía una pena de 20 años.

Otro de los puntos destacados del proyecto de ley es la pena más alta que se contempla para el delito de sicariato, que en la nueva propuesta podría llegar hasta 50 años de prisión, un castigo considerablemente mayor al de 30 años que estipulaba el Código Penal.

En cuanto a otros delitos, ambos proyectos coinciden en la condena de 10 años de prisión para aquellos responsables de compras fraudulentas, pero difieren en cuanto al castigo al tráfico de influencia, que en el nuevo proyecto legislativo contempla una pena de 5 años, frente a los 10 años propuestos en el Código Penal.

Estos proyectos reflejan la determinación del Gobierno de abordar de manera más eficiente y severa