A pesar de los reiterados llamados del presidente Luis Abinader para acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre contrataciones públicas, la iniciativa sigue estancada en la Cámara de Diputados debido a desacuerdos con los sectores que se verían afectados por la normativa.

Antes de que concluyera la pasada legislatura, el 8 de enero, una comisión de diputados aseguró que la ley sería aprobada a principios de 2025. Sin embargo, la falta de consenso provocó que el proyecto se pospusiera hasta la nueva legislatura, que iniciará el 27 de febrero. En la última sesión del periodo legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que quedaron pendientes importantes, incluyendo esta propuesta y la ley de gestión de residuos sólidos.

El diputado Gregorio Domínguez, quien ha estado a cargo del análisis de la pieza, aseguró que el proyecto ya cuenta con el consenso necesario y que será aprobado en la nueva legislatura. «El proyecto tiene 240 artículos y se va a depositar nuevamente tal y como vino del Senado para que se apruebe antes de marzo», afirmó.

Sin embargo, la Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS) ha expresado su rechazo a ciertos aspectos de la ley, argumentando que otorga amplias facultades a la Dirección General de Contrataciones Públicas para solicitar información a ciudadanos sin vínculo directo con las licitaciones. También cuestionaron el artículo 4 del proyecto, que contempla sanciones de inhabilitación de hasta 10 años por incumplimientos sin tomar en cuenta factores externos como retrasos en pagos estatales o permisos gubernamentales.

«En lugar de fomentar una gestión eficiente en las adquisiciones del Estado, estas disposiciones crean obstáculos que afectan la sostenibilidad del sector proveedor», advirtió Zoilo Taveras, presidente de la ACS.

Con el inicio de la nueva legislatura, se espera que el debate en torno a la ley de contrataciones públicas se reactive, mientras el Gobierno insiste en su pronta aprobación como parte de su estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción.