El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia sentencia a Gonzalo Sánchez de Lozada a seis años y tres meses de prisión por ‘Petrocontratos’

Dic 3, 2024

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió una sentencia histórica al condenar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a seis años y tres meses de cárcel, tras hallarlo culpable de causar daños al Estado boliviano con la firma de más de un centenar de contratos con empresas petroleras multinacionales sin la debida autorización del Parlamento nacional. La decisión se produjo dentro de un juicio de responsabilidades que involucró también a tres exministros de su gobierno.

El caso, conocido como ‘Petrocontratos’, se refiere a una serie de acuerdos entre el Estado boliviano y grandes compañías internacionales del sector energético durante los dos mandatos de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003). La acusación central es que estos contratos fueron firmados sin la aprobación legislativa requerida, lo que, según el oficialismo, causó un daño económico y perjuicio a la soberanía del país, al beneficiar principalmente a empresas extranjeras en detrimento de los intereses nacionales.

El Ministerio de Justicia de Bolivia celebró la sentencia como un logro significativo en la lucha contra la impunidad por delitos de corrupción en el país. En un comunicado difundido este martes, la cartera destacó que el juicio tiene como objetivo “combatir la impunidad” en casos de corrupción que, según se argumenta, han afectado gravemente el patrimonio del país y han sido parte de un modelo neoliberal impuesto durante las gestiones pasadas.

La condena contra Sánchez de Lozada llega en un momento de relevancia política, ya que el exmandatario ha sido una figura controvertida en la historia reciente de Bolivia. En 2003, durante su segunda presidencia, enfrentó una serie de protestas masivas conocidas como la “Guerra del Gas”, que exigían la nacionalización de los recursos naturales del país. Estas protestas derivaron en enfrentamientos violentos con el gobierno y la posterior renuncia de Sánchez de Lozada, quien luego se exilió en Estados Unidos.

El juicio en su contra por los ‘Petrocontratos’ había sido suspendido durante años debido a recursos legales interpuestos por sus abogados, pero finalmente avanzó bajo el gobierno de Luis Arce, quien ha impulsado una política de justicia por los crímenes de corrupción cometidos durante gestiones pasadas. La condena, por tanto, no solo tiene un peso simbólico en términos de justicia para las víctimas del gobierno de Sánchez de Lozada, sino que también representa un avance para la administración actual en su lucha contra la corrupción.

A lo largo de la fase de juicio, se argumentó que los contratos firmados sin el consentimiento del Congreso no solo violaban la Constitución, sino que también contravenían los principios de soberanía económica que la actual administración promueve. Los detractores de Sánchez de Lozada han señalado que su política económica favoreció excesivamente a las corporaciones extranjeras, dejándole al Estado boliviano una participación mínima en los beneficios de la explotación de los recursos naturales.

Por su parte, el expresidente ha defendido su gestión, alegando que los acuerdos con las petroleras fueron necesarios para el desarrollo económico de Bolivia y que su administración actuó dentro del marco legal vigente en ese momento. Sin embargo, la sentencia refleja el rechazo del TSJ a esa interpretación, considerando que dichos actos fueron un acto de «corrupción sistemática» que afectó la integridad del Estado.

A pesar de la condena, Sánchez de Lozada, quien reside actualmente en Estados Unidos, no ha sido detenido, dado que Bolivia aún no ha logrado concretar su extradición. Las autoridades bolivianas han expresado su determinación de seguir adelante con los trámites para que el exmandatario enfrente la justicia en el país.

Este fallo no solo marca un precedente en la historia judicial de Bolivia, sino que también refuerza el mensaje del actual gobierno en cuanto a la necesidad de rendir cuentas por los actos de corrupción que, según argumentan, han marcado negativamente el rumbo del país en las últimas décadas. La sentencia también pone en evidencia el contraste entre los modelos económicos neoliberales del pasado y la propuesta actual de mayor control y soberanía sobre los recursos naturales.

La reacción de la sociedad boliviana ha sido mixta. Mientras que muchos sectores, especialmente los vinculados con el oficialismo, celebran el fallo como una victoria por la justicia social y económica, otros, incluidos sectores opositores, cuestionan la imparcialidad del proceso, argumentando que se trata de un acto político para desacreditar a una figura histórica como Sánchez de Lozada. Sin embargo, la condena representa un paso importante en la consolidación de un sistema judicial más firme en la lucha contra la corrupción, que ha sido uno de los temas recurrentes en la agenda política de Bolivia en los últimos años.

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