El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, advirtió ante el Senado sobre la grave crisis de seguridad vial que enfrenta la República Dominicana, calificando los accidentes de tránsito como una “pandemia silente” que ha cobrado más vidas que el coronavirus en 2020 y 2021.

Durante su intervención, Morrison señaló que la raíz del problema no radica únicamente en la falta de aplicación de la ley, sino en la necesidad de establecer un régimen de consecuencias más estricto. Explicó que la escasez de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) afecta la fiscalización de la Ley 63-17. Según sus datos, en el Distrito Nacional, donde circulan más de un millón de vehículos, solo hay 150 agentes por turno, mientras que en provincias como Bahoruco, Independencia y Santiago Oeste no hay presencia de Digesett.

El funcionario también cuestionó el sistema actual de multas, considerándolo ineficaz. Explicó que, aunque la Ley 63-17 establece sanciones de hasta 10,000 pesos, en la práctica los infractores solo pagan alrededor de 1,600 pesos, y la prescripción de multas en un año permite que muchos evadan el pago sin consecuencias. En ese sentido, propuso declarar en rebeldía a quienes no paguen sus infracciones, extender la prescripción de multas a cinco años y endurecer las sanciones para carreras clandestinas, con penas de hasta dos años de prisión.

Morrison insistió en la urgencia de aplicar medidas más estrictas para reducir la alta tasa de accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad vial en el país. “Aquí hay que poner orden, esto hay que arreglarlo”, afirmó, enfatizando que está dispuesto a enfrentar críticas con tal de lograr cambios efectivos en la regulación del tránsito.