El Ministerio Público presentó la noche del lunes su solicitud de medidas de coerción contra los diez implicados en la red criminal que operaba desde la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. La petición, depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, incluye prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga de los imputados.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), lideró el equipo que formalizó el expediente. Según Camacho, el documento contiene pruebas contundentes que respaldan las acusaciones contra los detenidos, quienes habrían sustraído más de 900,000 proyectiles mediante manipulaciones fraudulentas en auditorías y registros internos.

El caso, conocido como operación Pandora, implicó meses de investigación y allanamientos en varias provincias. Entre los arrestados destacan altos oficiales de la Policía Nacional, incluido el coronel Narciso Antonio Féliz Romero. Con el esfuerzo de más de 200 agentes y 40 fiscales, el Ministerio Público asegura haber desmantelado una red que vulneró la seguridad institucional y administrativa.