Tras el devastador incendio ocurrido en la cárcel de La Victoria el 18 de marzo, el traslado de reclusos a distintas prisiones del país ha generado un obstáculo significativo: muchos de estos presos no están siendo llevados a los tribunales para sus respectivos juicios.

Este traslado ha provocado caos en los tribunales del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. Los reclusos que han sido trasladados desde La Victoria a otras instalaciones no están siendo presentados en las audiencias, y algunos ni siquiera llegan a tiempo.

Abogados y defensores públicos han expresado su frustración, ya que sus clientes son trasladados sin notificación a los tribunales correspondientes, lo que conlleva a la postergación de las audiencias.

Según las instrucciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, alrededor de 1,800 presos de La Victoria serían reubicados en diversas cárceles del país, como El Pinito en La Vega, Vista al Valle en San Francisco de Macorís, y otros centros de corrección y rehabilitación en Higüey, La Romana, San Pedro de Macorís, entre otros.

Se implementó un proyecto para realizar audiencias móviles en la cárcel de La Victoria y el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. Sin embargo, este proyecto fracasó debido a la falta de traslado de los reclusos a las audiencias, lo que resultó en la suspensión de la mayoría de ellas.

Esta iniciativa, que buscaba aliviar la congestión en La Victoria, se vio interrumpida por la pandemia del Covid-19. A pesar de que los tribunales operaban dentro de las instalaciones penitenciarias, la negligencia en el traslado de los internos y los constantes aplazamientos, solicitados por los abogados, llevaron al colapso del proyecto.