Baja la tensión en la elección de órganos clave de justicia

Oct 30, 2024

La elección de miembros de organismos como la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) muestra una disminución de tensión política en comparación con años anteriores. La administración actual ha optado por evitar el tradicional reparto de cargos, una práctica que en el pasado generaba divisiones incluso dentro del propio oficialismo. Esto ha permitido la apertura a profesionales independientes que cumplen con los requisitos legales.

En el proceso de 2020, se especulaba que Eddy Olivares, exintegrante de la JCE y militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), podría ser reincorporado. Sin embargo, la comisión presidida por Ricardo de los Santos no lo eligió, argumentando que Olivares, debido a su capacidad y experiencia, no ocuparía una posición subordinada. Una situación similar se presentó con Henry Merán, quien aspiraba a ser Defensor del Pueblo con el respaldo de la Fuerza del Pueblo.

La reciente elección de la Cámara de Cuentas demostró un cambio en el procedimiento. Aunque los diputados presentaron cinco ternas, el Senado eligió a sus miembros de forma autónoma, eludiendo a los candidatos con vínculos políticos, y formando una Cámara de Cuentas “independiente”, cuyos resultados, sin embargo, no cumplieron las expectativas.

Diálogo y próximas selecciones

Para futuras selecciones, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha pedido que su opinión sea tomada en cuenta, pese a su falta de representación en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y en el Senado.

Próximamente, el CNM deberá nombrar a cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuyas vacantes corresponden a los magistrados Moisés Alfredo Ferrer Landrón, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Alexis Read Ortiz, quienes concluyen su periodo iniciado en 2017. Además, el CNM deberá renovar el Tribunal Superior Electoral al finalizar su ciclo de cuatro años, de acuerdo con la Constitución.

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