El líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado la ejecución de al menos 30 funcionarios tras las graves inundaciones que afectaron al país en julio, según informan medios surcoreanos. Estas intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra y dejaron un saldo de entre 4.000 y 5.000 personas fallecidas, además de más de 15.000 desplazados.

La cadena surcoreana TV Chosun reporta que los funcionarios fueron acusados de corrupción y negligencia en sus funciones, lo que les costó la vida en ejecuciones ordenadas por el régimen. Las zonas más afectadas incluyen la provincia de Chagang y áreas cercanas a la frontera con China, donde se registraron importantes daños en la cuenca del río Yalu. Más de 5.000 residentes fueron desplazados, y las inundaciones destruyeron 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas en las ciudades de Sinuiju y Uiju.

Tras el desastre, Kim destituyó a varios altos funcionarios, incluyendo a Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang, y al Ministro de Seguridad Pública. Según el exdiplomático norcoreano Lee Il-gyu, los funcionarios estaban en un estado de ansiedad constante, sin saber cuándo serían ejecutados.

Kim también rechazó la ayuda internacional para enfrentar la crisis, trasladando a 15.000 desplazados a la capital y estimando que la reconstrucción de las áreas afectadas tardará entre dos y tres meses. Aunque negó las informaciones sobre la cantidad de muertos, los medios surcoreanos sostienen que miles de personas perdieron la vida durante las inundaciones.

Las ejecuciones públicas no son raras en Corea del Norte, donde, según Korea Times, el número ha aumentado a casi 100 anuales en los últimos años. Este incremento también ha afectado a los jóvenes, en un esfuerzo del régimen por frenar la influencia surcoreana.

Corea del Norte, sin embargo, defiende que las ejecuciones públicas son poco comunes y que la pena de muerte se aplica solo en circunstancias extremas.