Una coalición de 20 estados y Washington D.C. presentó una demanda contra la administración Trump, argumentando que los despidos masivos en el Departamento de Educación representan un desmantelamiento ilegal de la agencia.

Los demandantes advierten que la drástica reducción de personal afectará la distribución de fondos para escuelas públicas y la gestión de ayuda financiera para universidades, además de debilitar la supervisión de los derechos civiles en la educación.

Trump ha defendido los recortes, calificando al departamento de ineficiente, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que el plan es «imprudente e ilegal» y afecta directamente a estudiantes y familias.