El Congreso salvadoreño aprobó este jueves la décima tercera prórroga del estado de excepción, vigente desde marzo de 2022, para continuar con la estrategia de combate a las pandillas que operaron durante décadas en el país. La medida se justifica en la necesidad de capturar a más de 8,000 pandilleros restantes, según el gabinete de Seguridad.

El régimen suspende derechos fundamentales, como la notificación de motivos de detención y el acceso a un abogado, además de permitir la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. En su vigencia, las autoridades han detenido a más de 83,600 personas vinculadas a pandillas, liberando a 8,000 inocentes, según el presidente Nayib Bukele.

Aunque Bukele insinuó recientemente la posibilidad de relajar las medidas, el ministro de Seguridad afirmó que cualquier cambio está en evaluación. Organismos de derechos humanos han denunciado más de 6,000 casos de abusos y 344 muertes bajo el régimen. A pesar de las críticas, El Salvador ha reducido significativamente su tasa de homicidios, consolidándose como uno de los países más seguros de la región.