El Grupo Paceo, SRL presentó este 17 de enero una demanda en responsabilidad patrimonial contra el Estado y el juez Rigoberto Sena Ferreras ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que el magistrado emitió una orden de allanamiento sin la debida motivación legal.

Según la acción judicial, el juez del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó el allanamiento solicitado por la Procuraduría Fiscal sin incluir los elementos de juicio requeridos por el Código Procesal Penal y el Tribunal Constitucional. La defensa legal, encabezada por los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo, sostiene que la resolución judicial no especificó qué objetos o pruebas se buscaban en el domicilio de la empresa, lo que califican como un «empirismo irresponsable» que afecta la administración de justicia.

El caso ahora queda en manos del Tribunal Superior Administrativo, que deberá decidir sobre la demanda interpuesta por el Grupo Paceo, SRL.