Operación Camaleón: Investigación revela red de corrupción en el Intrant

Oct 7, 2024 | 0 Comentarios

La operación Camaleón, lanzada por el Ministerio Público, destapó una compleja red de corrupción que involucra a al menos siete personas, según la solicitud de medidas de coerción. La investigación apunta a una licitación fraudulenta en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y a cargos graves que incluyen terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant, junto con José -Jochi- Gómez, Frank Díaz, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero. Según el Ministerio Público, estas personas formaron parte de una estructura ilícita que benefició a la empresa Transcore Latam con el contrato para modernizar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, lo que resultó en actos de espionaje y sabotaje.

El centro de la operación es una licitación pública en la que se asignaron más de 1,317 millones de pesos para este proyecto. Las investigaciones indican que este proceso fue manipulado desde el inicio para favorecer a Transcore Latam, una empresa que no contaba con la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto.

Se señala que las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol fueron creadas con el fin de obtener contratos públicos de manera irregular. Tras ganar la licitación, Transcore Latam se hizo con el control de la red semafórica y del sistema de videovigilancia de Santo Domingo, lo que comprometió la seguridad vial del país.

Además, el Ministerio Público sostiene que José Gómez, al enterarse de la investigación, accedió a documentos confidenciales de la Procuraduría, infiltrándose en el proceso de indagación para desviar la atención de las autoridades.

Mañana se llevará a cabo una audiencia en la que se debatirá la imposición de medidas de coerción contra los acusados, y el Ministerio Público presentará pruebas que, de ser aceptadas, podrían tener graves consecuencias para los implicados y para la gestión pública en República Dominicana.

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