El pasado 4 de junio fue depositado ante la secretaría legislativa de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que ordenaría la creación de una base de datos para la recopilación del reconocimiento facial biométrico, registros dactilares y palmares de los ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes en el país.

¿Qué busca este proyecto legislativo?

De acuerdo con el documento presentado por el diputado Carlos Sánchez Quezada, del Distrito Nacional, este proyecto tiene como objetivo identificar a los presuntos autores de delitos mediante la recolección de estas evidencias. Además, busca facilitar la «individualización» de personas procesadas en calidad de imputados y garantizar la prevención de delitos de suplantación de identidad.

El proyecto también tiene fines adicionales como la búsqueda de cadáveres y personas amnésicas, en estado de coma, mudas o extranjeras que no puedan comunicarse por no manejar el idioma del lugar donde se encuentran. Asimismo, se prevé la búsqueda selectiva de datos para establecer la identidad de víctimas de delitos, incluyendo desapariciones forzosas, trata de personas, femicidios y homicidios.

¿Cómo se aplicaría?

El legislador, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la circunscripción 3 de la capital, plantea la instalación del sistema moderno de Identificación Combinada (ABIS) en la Procuraduría General de la República (PGR) para el almacenamiento y administración de este banco de información.

Según el proyecto, será la Policía Nacional, a través de sus departamentos de investigación, quien suministrará los datos para su actualización constante. La Procuraduría, institutos de medicina legal y ciencias forenses deberán capacitar al personal de la Dirección Nacional de Cedulación, suscrita a la Junta Central Electoral (JCE), en la recolección, corrección y actualización de estos datos distintivos otorgados por los ciudadanos.

Las huellas y demás informaciones personales resguardadas en la base de datos adscrita al Tribunal Electoral solo podrán ser consultadas por la PGR, los institutos de medicina legal y ciencias forenses, y las dependencias de seguridad nacional como la Policía Nacional y cuerpos castrenses, con el único fin de identificación de personas bajo parámetros electorales, demográficos, migratorios, policiales y judiciales.

El Tribunal de la Junta Central Electoral deberá actualizar continuamente los datos de dominicanos y extranjeros a partir de los 16 años de edad, ya que es la edad en la que se detiene la variación de las huellas dactilares. En caso de que una persona elimine sus registros dactilares con ácido u otro medio físico, el Tribunal Electoral será responsable de emitir una constancia para la actualización del sistema tecnológico. Sin embargo, el proyecto legislativo no especifica las consecuencias para los ciudadanos que realicen esta acción.

Nuevo Departamento

Por último, se instruirá la conformación del Departamento de Seguridad Cibernética de la base de datos de Identificación Combinada (ABIS) para garantizar, mediante monitoreo constante, la seguridad, confidencialidad, transparencia y el uso correcto de los certificados digitales de acceso. Los gastos de este departamento serían asignados en la partida anual de la PGR y la Policía Nacional.