El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certificó el jueves la victoria del presidente Nicolás Maduro tras un exhaustivo peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) están respaldados por las actas de escrutinio de cada máquina de votación.

Rodríguez destacó que la revisión confirmó que los boletines del CNE son «irrestrictos e inequívocos». Sin embargo, la intervención del tribunal ha sido objeto de críticas por parte de observadores locales e internacionales, quienes cuestionan la independencia del organismo.

La sentencia del tribunal concluye el recurso contencioso electoral y valida los resultados. Rodríguez señaló que el tribunal también identificó un supuesto «ataque cibernético» durante la votación, que fue parte de las irregularidades investigadas.

A pesar de la proclamación oficial de Maduro por el CNE, aún no se han publicado las actas detalladas de los resultados, lo que ha generado presión tanto de la oposición como de la comunidad internacional. La Plataforma Unitaria, que respalda a Edmundo González, candidato opositor, ha alegado que sus registros muestran una victoria para González.

Mientras Maduro asegura haber obtenido 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones de González, la oposición sostiene que el conteo de más del 80% de las máquinas de votación muestra un resultado favorable para su candidato. Los partidos opositores han solicitado la publicación completa de los resultados, mientras que el candidato independiente Enrique Márquez ha solicitado la recusación de Rodríguez, citando su vinculación con el oficialismo.

Rodríguez, exmiembro del PSUV y exalcaldesa de Caracas, ha sido criticada por su papel en el proceso. La oposición argumenta que la Sala Electoral ha usurpado funciones que corresponden al CNE, y sigue exigiendo transparencia en la publicación de los resultados.

Mientras tanto, González y María Corina Machado, líderes opositores, permanecen en resguardo tras la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, en respuesta a sus llamados a los militares y policías para retirar su apoyo a Maduro. La tensión continúa en el país, con manifestaciones y llamados a la justicia por parte de la oposición y el gobierno.