Los implicados en la red desarticulada mediante la Operación Panthera 7 formaban una organización criminal transnacional con ramificaciones en Suramérica, Europa y la República Dominicana, dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos derivados de actividades ilícitas.
Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los miembros de la red reclutaron empleados del principal puerto de la República Dominicana con el objetivo de vulnerar los protocolos de seguridad, planificar el envío de contenedores y eludir las inspecciones. Así, lograban simular el cumplimiento de las verificaciones de camiones, colocar los contenedores estratégicamente y seleccionar aquellos que facilitaran la entrada de grandes cantidades de cocaína, principalmente con destino a puertos europeos.
Las maniobras empleadas para evadir la seguridad del puerto fueron sofisticadas. Los implicados lograron burlar los controles mediante el uso de máquinas de rayos X y la manipulación de inspectores y selladores para introducir el cargamento de cocaína en contenedores vacíos. Los contenedores eran luego secuestrados, mantenidos durante días y trasladados a centros de acopio para ser cargados con sustancias controladas.
En un giro de los acontecimientos, la organización secuestró a un conductor para intentar salir del puerto, al percatarse de la ofensiva de las autoridades y el cierre total de la terminal. La organización también realizó maniobras para obstaculizar las investigaciones de las autoridades, incluyendo la adquisición de vehículos a nombre de miembros de menor jerarquía para el transporte de las drogas, mientras los vehículos de la compañía estaban debidamente identificados.
Además, se descubrió que la red utilizaba operadores RTG para colocar de manera estratégica los contenedores con drogas, facilitando el tráfico ilícito hacia Europa. La organización también llevó a cabo actividades de lavado de activos, convirtiendo, adquiriendo y ocultando bienes provenientes de actividades ilegales como el tráfico de armas.
En cuanto a la medida de coerción, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó el conocimiento de la misma para el próximo jueves, con el objetivo de permitir que uno de los imputados pueda contar con su abogado y para notificar a todos los acusados. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los ocho imputados, quienes fueron detenidos durante la operación que desmanteló esta peligrosa red criminal.
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