El Tribunal Constitucional (TC) anuló este viernes la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerarla contraria a la Constitución. La decisión, contenida en la sentencia TC/0767/24, acoge recursos presentados por la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, entre otros actores sociales y políticos.

La ley, promulgada en enero, enfrentó críticas desde su creación, con siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por sectores como Acción Cristiana, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEMI) y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). Los cuestionamientos señalaban violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la privacidad.

Declaraciones y reacciones
El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, celebró el fallo como una victoria para el estado de derecho y reafirmó su compromiso con la Constitución. Fernández calificó previamente la ley como «un retroceso democrático sin precedentes».

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el impacto de la ley en la libertad de prensa, señalando que su lenguaje ambiguo fomentaba la autocensura en los medios.

Modificaciones previas y contexto
A pesar de reuniones entre el Gobierno y sectores civiles, que llevaron a ajustes en artículos polémicos, el Tribunal determinó que las medidas seguían vulnerando garantías constitucionales. La finalidad original de la ley era fortalecer la seguridad nacional frente a amenazas internas y externas, pero fue percibida como una amenaza a derechos fundamentales.

Esta decisión marca un precedente en la defensa de los derechos ciudadanos y el equilibrio institucional en el país.