En el marco del caso de presunta corrupción desmantelado mediante la Operación Medusa, 21 acusados han llegado a acuerdos con el Ministerio Público (MP), declarándose culpables de las imputaciones en su contra. Estos acuerdos, si bien no mencionan directamente al exprocurador general Jean Alain Rodríguez (2016-2020), complican su situación judicial, según expertos.

A pesar de las afirmaciones de Rodríguez de que los acusados que han negociado con el órgano acusador «no lo señalan e incluso no lo conocen en forma alguna», el abogado Francisco Álvarez sostiene una opinión diferente. Según Álvarez, las declaraciones de culpabilidad de los acusados en el caso Medusa complican la situación del exprocurador, ya que pueden cerrar el cerco en su contra si son corroboradas por otros testimonios o pruebas adicionales.

En casos de entramados criminales, explicó Álvarez, es común que no haya contacto directo entre el cabecilla y los ejecutores materiales de los hechos. Sin embargo, si se demuestra que una persona pagó un soborno a otra, quien a su vez lo entregó al cabecilla, ambos podrían ser implicados en el delito, completando así la cadena de responsabilidad.

La declaración de culpabilidad de la mayoría de los acusados agilizará el proceso judicial del caso de corrupción en los tribunales, según Álvarez. Entre los 21 acusados que admitieron su culpabilidad se encuentra Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla Tavárez.

Macarrulla Martínez admitió ante el magistrado del Tercer Juzgado de Instrucción haber participado en un esquema de sobornos relacionado con licitaciones de construcción. Como parte del acuerdo, se le solicitó una pena de tres años de prisión suspendida y la entrega de una suma millonaria al Estado, además de otras medidas punitivas.

El MP detalló que la suma a entregar al Estado corresponde al monto retenido como garantía de vicios ocultos en la construcción de La Nueva Victoria. Este acuerdo evidencia el avance en las investigaciones y la determinación de las autoridades de combatir la corrupción en todas sus formas.