El crecimiento del sector turismo y la creciente demanda de alojamientos para vacacionistas están propiciando un auge en la renta corta y la inversión inmobiliaria en el país. Sin embargo, este boom presenta desafíos tanto para el sector público como privado en términos de regulación, seguridad para los huéspedes y protección de propietarios y condóminos en torres de apartamentos.

El presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, Alberto Bogaert, destaca la necesidad de actualizar la normativa de la Ley de Condominios para encontrar un equilibrio que beneficie a inversores y residentes, ante las nuevas tendencias de consumo.

Ya existen en el país varios proyectos diseñados específicamente para la renta corta, especialmente en áreas turísticas como Punta Cana y Santiago, ofreciendo comodidades de lujo como piscinas, acceso a la playa y servicios de conserjería.

Según un estudio de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) auspiciado por el Banco Popular, para diciembre del 2022 había unas 39,943 residencias activas de renta corta, con un crecimiento acelerado del 23% anual.

Las provincias de Puerto Plata, La Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional concentran el 57% de las ofertas habitacionales de renta corta, siendo Puerto Plata la principal con un 19%.

El crecimiento de este tipo de alojamiento ha generado preocupación en el sector hotelero, que lo considera una competencia desleal, ya que los hoteleros además de generar empleo, pagan impuestos al fisco. Sin embargo, el Ministerio de Turismo aún no ha firmado un acuerdo de entendimiento con las plataformas digitales de alojamiento para regular este sector en crecimiento.