Jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, y Mohammed Deif, comandante militar de Hamás. Los tres son señalados por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás.

Las acusaciones surgen en un contexto complejo: mientras Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, esta extendió su competencia en 2021 a Cisjordania y Gaza tras la adhesión de los palestinos al Estatuto de Roma. Aunque ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, los 124 países signatarios del Estatuto decidirán si ejecutan estas órdenes de arresto.

El caso genera reacciones encontradas. Mientras los palestinos consideran las órdenes un reconocimiento de sus denuncias, Israel las percibe como un golpe a su posición internacional. Según analistas, esta decisión incrementará la tensión en torno al conflicto y desafiará los esfuerzos israelíes por justificar sus acciones en Gaza.