El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfrenta una crisis política tras la imposición de una ley marcial que duró solo unas horas pero provocó indignación nacional e internacional. La oposición ha presentado una moción de destitución por «insurrección», cuya votación está prevista para este sábado. Si se aprueba, el presidente sería suspendido, dejando el cargo en manos del primer ministro mientras la Corte Constitucional decide su destino en un plazo de 180 días.
El Partido del Poder Popular (PPP), al que pertenece el mandatario, ha expresado su rechazo a la moción, aunque reconocen la gravedad de los actos de Yoon. Su líder parlamentario, Choo Kyung-ho, aseguró que los 108 diputados del PPP están unidos para evitar la destitución, pero sugiere que Yoon podría ser apartado del partido.
La polémica estalló el martes cuando Yoon justificó la ley marcial alegando amenazas internas y externas, suspendiendo derechos civiles y blindando la Asamblea Nacional. Aunque el Parlamento anuló la medida, el incidente generó protestas masivas y condena internacional. Además, el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, renunció a raíz del escándalo.
Mientras la tensión crece, Yoon ha optado por mantenerse alejado de la esfera pública, sin realizar declaraciones oficiales ante el aumento de las protestas que piden su dimisión o arresto.
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