En este 2025, el Gobierno podría ajustar los contratos de decenas de proyectos de infraestructura que permanecen suspendidos debido a la falta de partidas presupuestarias o problemas legales. Entre los proyectos afectados se encuentran 13 obras de construcción y reconstrucción de carreteras, cuatro proyectos hidroeléctricos, 29 recintos hospitalarios y la construcción de cientos de aulas escolares.
La base legal para estas modificaciones radica en la ley 118-21, promulgada el 31 de mayo de 2021, que dispuso la actualización de precios para diversas obras paralizadas por décadas. Sin embargo, esta normativa fue modificada por la ley 83-24, promulgada el 13 de diciembre de 2024, la cual permite ajustar los precios de las construcciones utilizando valores del año pasado. Entre las obras más emblemáticas bajo el marco de esta ley se encuentran la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, la reconstrucción y ampliación de la autopista Juan Pablo Duarte, la construcción de la avenida Circunvalación Norte y la presa de Guayubín.
La normativa vigente, en su artículo cuatro, ordena al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a los demás entes contratantes actualizar los precios generales de las obras en ejecución o paralizadas dentro de un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la ley. Esta disposición incluye hospitales, escuelas y otras infraestructuras públicas. Además, permite modificar, disminuir o aumentar los contratos originales en circunstancias imprevistas, siempre y cuando se mantenga el objetivo del contrato y se garantice el interés público. La norma también establece la obligación de desarrollar un plan de terminación de las obras.
La ley permite ajustes de hasta un 25 % en los contratos originales y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Estas disposiciones buscan reactivar proyectos estratégicos y mejorar la infraestructura pública del país.
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