El presidente ha revocado el decreto 71-24, el cual tenía como objetivo establecer medidas para garantizar una gestión más eficiente y controlada del gasto público. Entre las disposiciones contenidas en este decreto se encontraban la prohibición de comprar vehículos sin autorización presidencial, la restricción del uso de vehículos oficiales durante fines de semana y feriados, y la exigencia de obtener permisos para viajes al exterior.

La revocación de este decreto ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre los distintos sectores políticos y económicos del país. Algunos argumentan que estas medidas eran necesarias para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado, mientras que otros sostienen que su revocación podría conducir a un manejo menos responsable de los fondos públicos.

Entre las medidas contempladas en el decreto revocado, la prohibición de comprar vehículos sin autorización presidencial era una de las más destacadas. Esta disposición buscaba evitar la adquisición innecesaria de vehículos por parte de las instituciones públicas y garantizar que cada compra estuviera justificada y alineada con las necesidades reales del Estado.

Otra medida importante era la limitación del uso de vehículos oficiales durante fines de semana y feriados, con el fin de reducir los costos operativos y promover un uso más racional de los recursos del Estado. Además, la exigencia de obtener permisos para viajes al exterior buscaba controlar y supervisar las actividades de los funcionarios públicos fuera del país, asegurando que dichos viajes fueran realmente necesarios y justificados.

En conclusión, la revocación del decreto 71-24 plantea interrogantes sobre la dirección que tomará la administración en cuanto a la gestión del gasto público. Mientras algunos celebran esta decisión como un paso hacia la flexibilización de las restricciones burocráticas, otros expresan preocupación por el posible impacto en la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.