El ultimátum de 48 horas impuesto por Elon Musk a cientos de miles de empleados federales venció este martes en medio de una creciente polémica. Como mano derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en su rol dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Musk ordenó que los funcionarios justificaran sus puestos detallando las tareas realizadas en la última semana, advirtiendo que quienes no lo hicieran podrían ser despedidos.

Esta medida, impulsada como parte de una estrategia para reducir el gasto público, ha generado una fuerte oposición en agencias clave como el FBI y el Departamento de Estado, donde funcionarios han expresado su rechazo a lo que consideran una táctica de presión innecesaria. Sindicatos y legisladores también han manifestado su preocupación por el impacto que podría tener en la estabilidad laboral del sector público.

A pesar de las críticas, Musk ha defendido la iniciativa asegurando que busca optimizar el funcionamiento del gobierno y eliminar posiciones innecesarias. Sin embargo, el futuro de esta política sigue siendo incierto ante la creciente resistencia dentro de la administración federal.