Algunos estados gobernados por republicanos, como Texas, Florida y Misuri, están tratando de bloquear la observación electoral federal del Departamento de Justicia (DOJ) en los centros de votación, lo que representa un giro inusual en una tradición estadounidense de décadas. Este movimiento se da en medio de las elecciones generales, en las que han surgido denuncias de fraude anticipadas por parte del expresidente y candidato republicano Donald Trump.

Los fiscales generales de estos tres estados han presentado demandas para evitar la entrada de observadores federales. Mientras que los tribunales desestimaron los casos en Florida y Misuri, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, llegó a un acuerdo con el DOJ que prohíbe la presencia de observadores en los centros de votación, permitiendo únicamente que se mantengan a una distancia de 30 metros de los lugares de votación y conteo. “Solo Texas maneja las elecciones en Texas y no vamos a ser intimidados”, afirmó Paxton, asegurando que ningún agente federal intervendrá en el proceso electoral del estado.

A pesar de estas restricciones, el DOJ ha desplegado observadores en 86 jurisdicciones de 27 estados, con el objetivo de monitorear el acceso al voto. En Texas, por ejemplo, el condado de Bexar contará con la vigilancia del DOJ. Su sheriff, Javier Salazar, enfatizó la importancia de este apoyo para asegurar unas elecciones seguras, especialmente en un contexto de gran preocupación y teorías de conspiración.

Estas elecciones han estado marcadas por la proliferación de teorías infundadas sobre fraude electoral, lo que ha llevado a varios estados a implementar medidas de depuración en los registros de votantes. Además, informes de seguridad señalan un aumento en la amenaza de “violencia electoral”, impulsada por conspiraciones. Estas tensiones se suman al contexto de una disputada contienda presidencial entre Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, quienes compiten por definir el futuro político de Estados Unidos.