El Ministerio Público ha dado un paso crucial en el caso Calamar, presentando una acusación que incluye a los implicados originales y a otros nuevos, según lo anunció el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.

La instancia, junto con los nuevos implicados y evidencia adicional, fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del PEPCA.

Una vez que la magistrada Romero reciba el expediente, realizará un inventario de las piezas y, mediante un sorteo aleatorio computarizado, asignará uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.

El proceso formal de acusación se llevará a cabo después de que el Ministerio Público interrogara el fin de semana pasado al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario, y al contratista Fernando Crisóstomo.

El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación contra los implicados en el caso Calamar en un plazo de 15 días.

La jueza advirtió a los fiscales que, de no cumplir con la presentación de la acusación, cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar una audiencia de extinción de la acción penal.

Esta decisión se tomó en respuesta a una solicitud de la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otros implicados, quienes plantearon al tribunal la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.

Entre los implicados en el caso figuran el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y otros nombres notables.

La imputación preliminar del Ministerio Público contra los implicados incluye cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros.