El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados a los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. Esta condena marca un precedente histórico, convirtiendo a Toledo en el primer exmandatario peruano en recibir una sentencia por el escándalo de corrupción que involucró a la empresa brasileña.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Zaida Pérez, aceptó la solicitud del Ministerio Público, imponiendo al exmandatario nueve años de cárcel por colusión y once años y seis meses por lavado de activos. Según el Poder Judicial, Toledo habría favorecido a Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une Perú con Brasil, durante el período 2004-2005.

La sentencia sostiene que Toledo facilitó este proceso de licitación de forma irregular, acelerando el proceso y actuando en colusión con la empresa. «Se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique», afirmó el Poder Judicial a través de la red social X.

El tribunal determinó que Toledo se coludió con intereses privados, incluyendo a Odebrecht, para recibir una coima de 35 millones de dólares, lo que permitió que la empresa obtuviera la licitación de los mencionados tramos de la carretera, causando un grave perjuicio al Estado peruano.

Además, la sentencia revela que el expresidente utilizó a su amigo, el fallecido empresario israelí Josef Maiman, como intermediario para recibir los sobornos a través de diversas empresas creadas para tal fin. Este esquema permitió a Toledo acceder a los millonarios pagos que le garantizaban su complicidad en el proceso.

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez calificó la condena como «histórica» y «ejemplar», resaltando que demuestra que la corrupción no queda impune en Perú, gracias al trabajo conjunto de la Justicia y el Ministerio Público.

Este fallo reafirma el compromiso del sistema judicial peruano de combatir la corrupción a todos los niveles y sentar precedentes en la lucha contra los abusos de poder, especialmente en casos de alto perfil como el de Alejandro Toledo.