Texas ha afirmado que se está defendiendo de una “invasión” de su frontera en una disputa cada vez más amarga con la administración Biden por la escalada de la crisis migratoria en Estados Unidos.

Greg Abbott, el gobernador de Texas, acusó a Joe Biden de ser un presidente “sin ley” e invocó el derecho del estado a la “autodefensa” a lo largo de su frontera con México.

Argumentó que el gobierno estadounidense estaba violando su deber constitucional de “hacer cumplir” la ley de inmigración en medio de un número récord de cruces en la frontera suroeste de Estados Unidos.

El gobernador ha encabezado los esfuerzos de los estados fronterizos liderados por los republicanos para poner a prueba los límites de la autoridad de la administración de Biden sobre los poderes de inmigración.

En medio de las medidas más extremas tomadas, Abbott ha declarado una “invasión” de las fronteras de Texas, invocando la “autoridad constitucional del estado para defenderse y protegerse” en esencia, el derecho a hacer la guerra cuando sea invadido.

Los expertos legales lo han llamado «una crisis constitucional en ciernes», pero la mitad de los gobernadores de Estados Unidos se han puesto del lado de Abbott en el enfrentamiento con el gobierno federal.

“Lo hacemos en parte porque la administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes y está permitiendo ilegalmente la libertad condicional masiva en todo Estados Unidos de inmigrantes que ingresaron a nuestro país ilegalmente”, dijeron los 25 gobernadores republicanos en una declaración conjunta.

Muchos también se han comprometido a proporcionar a Texas recursos adicionales: la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y el gobernador de Ohio, Mike DeWine, ofrecieron tropas de la guardia nacional de sus estados.

Es el último punto álgido de un enconado debate entre los gobernadores republicanos y la Casa Blanca sobre cómo gestionar la afluencia de inmigrantes que Estados Unidos ha visto en los últimos años.

Se han registrado más de seis millones de cruces ilegales desde que Biden asumió el cargo, una cifra que se ha convertido en un lastre político para el presidente en su búsqueda de un segundo mandato, y los votantes citan regularmente la frontera como un tema electoral clave en las encuestas.

Su administración ha afirmado que está haciendo cumplir la ley de inmigración, señalando que ha expulsado a más personas desde mayo pasado que en todo 2019.

Pero argumenta que el Congreso necesita aprobar más fondos y una legislación integral para abordar adecuadamente el problema.