El Ministerio Público reiteró su compromiso de «perseguir todos los delitos», sin importar quién los cometa. Esta declaración se hizo para defender los «acuerdos de culpabilidad» suscritos con abogados de 52 oficinas que representan a igual número de imputados en delitos.
La entidad garantizó que en ninguno de estos acuerdos han participado personas en su nómina. Desde 2020, bajo la dirección de la procuradora general Miriam Germán Brito, el Ministerio Público ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con estos acuerdos, asegurando que no se ha aceptado intermediario alguno.
«Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su cliente ha sido advertido de que el documento debe ser veraz, voluntario y una muestra de cooperación frente a las investigaciones», se indicó en un comunicado de prensa.
El Ministerio Público reconoció el derecho ciudadano de cuestionar sus acciones, pero calificó de deshonesto y poco profesional hacerlo de manera deliberada y con mentiras evidentes. Señaló que es injusto atribuir toda la responsabilidad a miembros de nivel medio de una estructura criminal cuando las evidencias muestran que la mayor parte de los recursos terminaban en manos de los principales acusados.
Advirtió que no se dejará intimidar por campañas nacionales o internacionales y tomará medidas cautelares para evitar el uso indebido de recursos para obstruir los procesos.
En respuesta a acusaciones infundadas, aclaró que no ha firmado acuerdos con la oficina en la que trabajó una exempleada, quien nunca estuvo involucrada en áreas de persecución. Además, reiteró que sus acusaciones son públicas y disponibles para cualquier ciudadano.
El Ministerio Público también subirá todas las acusaciones y actos procesales a su portal de transparencia para mayor edificación de la sociedad. Reafirmó que aplicar soluciones alternas es una práctica común en sistemas acusatorios y que seguirá comprometido en la persecución de todos los delitos, sin importar quiénes los cometan.
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